La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientado a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y los fines y objetivos generales de la educación establecidos en la ley 115 de 1994, a procurar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos sobre el servicio público educativo y en general a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral.

La inspección y vigilancia se ejercerá por parte de las autoridades competentes mediante operaciones de asesoría, supervisión, seguimiento, evaluación y control sobre el servicio educativo.